La cara oscura de Europa
19 mayo 2008 –
La directiva de la vergüenza. Artículo de Agustín Unzurrunzaga publicado en la revista de pensamiento HIKA nº 19
Dice Zigmunt Bauman que hay un elemento común en todas las historias (la de Cadmo que parte a la búsqueda de la princesa Europa secuestrada por Zeus, las de los viajeros fenicios, la de Jafet hijo de Noé) que desde la más remota antigüedad nos hablan de Europa: Europa no es algo que se descubre; Europa es una misión: algo que se hace, se crea, se construye.
El problema está, siguiendo a Bauman, en cómo la hacemos, cómo la creamos y cómo la construimos: ¿acogedora o miedosa?; ¿hospitalaria o xenófoba?; ¿respetuosa con los derechos humanos o haciendo un uso retórico de los mismo? No nos convendría olvidar, aunque la evocación del pasado no suele garantizar lo que se vaya a hacer en el presente, que Europa ha sido cuna de lo mejor y lo peor que ha dado la humanidad. Ha sido escenario de guerras terribles, y en su suelo se desarrollaron, durante el siglo XX, los sistemas totalitarios más mortíferos que la humanidad ha conocido. En Europa nacieron y se desarrollaron las teorías racialistas clásicas y una buena parte de las teorías racialistas modernas. Y, a su vez, es hoy un gran espacio político y social donde los valores de racionalidad, justicia, libertad individual, democracia, derechos sociales, tolerancia y laicismo se encuentran más desarrollados en el mundo, aunque sujetos a mil tensiones y, en los últimos tiempos, combatidos desde dentro por un elenco de fuerzas políticas que han alcanzado importante presencia institucional, como en Italia.
LA POLÍTICA DE INMIGRACIÓN EN LA UNION EUROPEA.
La política europea de inmigración está plagada de contradicciones, con una tendencia cada vez más reforzada a la restricción y a dar explicaciones trufadas de cinismo para justificar los retrocesos en materia de derechos humanos y aplicación de normas elementales de justicia.
La socióloga Catherine Wihtol de Wenden suele decir que la Unión Europea practica una política de inmigración «temblorosa, presionada por una opinión pública recargada de inseguridad, a la vez que tiene que hacer frente al envejecimiento de la población y a la falta sectorial de mano de obra». Insistiendo en esas contradicciones de la política europea, el profesor Joaquín Arango señala que «las especiales dificultades europeas emanan de, y se explican sobre todo por, la combinación de dos elementos que caracterizan, mejor que ningún otro, la relación de las sociedades europeas con la inmigración: por un lado, la existencia de fuertes y extendidas reservas sociales, políticas y culturales hacia ella, que se traducen ante todo, pero no solo, en políticas de inadmisión fuertemente restrictivas y en obstáculos formales e informales a la plena incorporación a la sociedad y al cuerpo político; por otro, el reconocimiento de obligaciones morales y políticas propio de sociedades democráticas, y que se manifiestan en el reconocimiento de derechos tan importantes como la reagrupación familiar, el refugio y el asilo, el derecho a la residencia permanente o a la adquisición de la nacionalidad».
LA DIRECTIVA DE LA VERGÜENZA.
En ese contexto contradictorio, pero con una creciente tendencia a la restricción y a dejar en el cajón principios elementales del estado de derecho, se discutió, el pasado 7 de mayo, la Directiva Europea sobre el internamiento y la expulsión de extranjeros extracomunitarios sin autorización de residencia. En esa reunión se quería acordar el texto que se llevaría al Parlamento Europeo para su aprobación el 20 de mayo. En esa reunión no ha habido acuerdo. Una parte de los Estados quiere endurecer más el texto de consenso.
De esa Directiva, que ha sido calificada por el movimiento asociativo europeo como la Directiva de la vergüenza, cabría resaltar cuatro aspectos:
La ampliación hasta 18 meses del tiempo de internamiento de las personas inmigrantes por la infracción administrativa de estancia irregular en un país de la Unión.
La posibilidad de que en ausencia de centro de internamiento específico, las personas detenidas por estancia irregular puedan ser ingresadas en prisiones, aunque en módulos separados del resto de los presos.
La posibilidad de internar en los centros de internamientos para extranjeros a los menores de edad.
La ampliación de la sanción del tiempo mínimo de prohibición de entrada en los países de la Unión a cinco años, que suele acompañar a la expulsión por estancia irregular.
Esa Directiva apuesta abiertamente por adoptar medidas que son contrarias a los principios de cualquier estado de derecho que se precie, ya que, sea por un período de 18 meses o por el que quede en su redacción final, legitima la privación de libertad de personas que no han cometido ningún delito. Supone, en nombre del control de la inmigración, retroceder todavía más en el respeto de los derechos de las personas inmigrantes, estandarizar las garantías procesales a la baja, en resumen, un vergonzoso retroceso de los derechos humanos en Europa.
ACTUACIÓN DEL GOBIERNO ESPAÑOL
El Gobierno español, junto con Luxemburgo, Holanda y Suecia, defendió un texto de consenso que, aunque era bruto de narices, no fue aprobado porque otros Estados querían embrutecerlo todavía más.
El problema es que la brutalidad desmesurada de unos no convierte en bueno al texto menos bruto. Como decía la periodista Soledad Gallego-Díaz en El País del 9 de mayo: «Para evitar que Gobiernos energúmenos mantengan detenidos a inmigrantes irregulares por tiempo indefinido se pretende que todos nos convirtamos en energúmenos que los tienen detenidos 18 meses sin decisión judicial previa y con control que se ejerce a posteriori, nada menos que tan pronto como sea posible».
Ha sido Alfredo Pérez Rubalcaba, ministro del Interior, el encargado de explicarnos, de vendernos la moto averiada de la actuación del Gobierno español. El Gobierno español se nos presenta como un agente moderador y garantista en una Europa que tiende a la desmesura y a olvidarse de todo tipo de garantías. El problema es que el texto de consenso sigue siendo desmesurado y falto de garantías, y que posibilita a cualquier gobierno, incluido al español, a pasar de las escasas garantías existentes en el ordenamiento interno.
Las políticas practicadas en el conjunto de la Unión Europea y en España sobre la inmigración irregular están plagadas de contradicciones y reduccionismos interesados. Y el reforzamiento de los mecanismos represivos que estandarizan a la baja los derechos y las garantías procesales no debería ser la vía a seguir.
Fuente: mugak.eu
