Más de 100.000 nuevos canarios
Un grupo actúa durante el XV Festival Continental de Folclore y Tradiciones Canarias, celebrado en Venezuela. Foto: EFE
Más de 100.000 descendientes de emigrantes canarios regados por todo el mundo podrán convertirse en nuevos isleños a partir del próximo 29 de diciembre, en virtud de una disposición transitoria de la llamada Ley de la Memoria Histórica, y, por lo tanto, tendrán todo el derecho a asentarse en la tierra de sus orígenes. Este hecho hace justicia pero también causa preocupación.
DANIEL MILLET - SANTA CRUZ DE TENERIFE. Pero pueden ser muchos más, según el diputado de CC en Madrid y presidente del Cabildo de La Palma, José Luis Perestelo. "No se puede hacer un cálculo de las personas susceptibles de reclamar la nacionalidad española por esta medida porque estamos hablando de hijos y nietos, y ya los propios censos de sus padres o abuelos que una vez fueron canarios no son del todo fiables. La cantidad se puede multiplicar por dos o hasta por cinco", señaló.
La medida, desarrollada por el Ministerio de Justicia, afecta a los descendientes de canarios de origen que al afrontar el exilio se vieron forzados, por diferentes razones, a renunciar a la nacionalidad española y aceptar la del país receptor. La mayor parte de estos posibles nuevos canarios se concentran en Venezuela, donde oficialmente, según el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA), hay en la actualidad cerca de 43.000 de los 66.985 isleños censados en el extranjero. Otros países serían a mucha distancia Cuba (9.566) y Argentina (2.390).
José Luis Perestelo aclaró que la opción de obtener la nacionalidad "no implica que todas esas personas vayan necesariamente a venir a Canarias, porque entre otras cosas, también podrían acudir a cualquier otro punto del país". "Habrá muchos que hagan el trámite por cuestiones sentimentales o para beneficiarse de los beneficios para los emigrantes, pero se quedarán porque sus vidas están enraizadas", precisó.
La puerta, que se abrirá desde el 29 de diciembre próximo y durante dos años, extensible si así lo decidiera el Consejo de Ministros, aboca a la posición de las administraciones canarias a una suerte de contradicción. El propio Perestelo admite que por un lado "es una demanda justa y muy positiva que llevan pidiendo hace muchos años los colectivos de emigrantes", pero que por otro "habrá que pedir al Estado que potencie las relaciones bilaterales para que la mayoría de esas personas puedan permanecer en los países receptores con sus familias".
El diputado recordó las altas tasas de desempleo, la situación de crisis y, sobre todo, los límites territoriales para la acogida en las Islas, un debate que han enarbolado los nacionalistas, sobre todo desde que se confirmó el año pasado que Canarias ha superado los dos millones de residentes, y que ha encontrado una respuesta crítica por parte de organizaciones sociales y académicas.
La disposición nació para amparar a los exiliados españoles a consecuencia de la Guerra Civil y la represión franquista -por eso está incluida en la Ley de la Memoria Histórica-, pero se ha extendido a otros escenarios.
Tanto Perestelo como la portavoz de CC en el Congreso de los Diputados, Ana Oramas, han querido subrayar que "Canarias ha trabajado mucho para tender puentes con sus comunidades en el exterior y para que reciban ayudas de todo tipo", si bien han exigido "una reacción adecuada del Estado", quien tiene todas las competencias.
Fuente: laprovincia.es
DANIEL MILLET - SANTA CRUZ DE TENERIFE. Pero pueden ser muchos más, según el diputado de CC en Madrid y presidente del Cabildo de La Palma, José Luis Perestelo. "No se puede hacer un cálculo de las personas susceptibles de reclamar la nacionalidad española por esta medida porque estamos hablando de hijos y nietos, y ya los propios censos de sus padres o abuelos que una vez fueron canarios no son del todo fiables. La cantidad se puede multiplicar por dos o hasta por cinco", señaló.
La medida, desarrollada por el Ministerio de Justicia, afecta a los descendientes de canarios de origen que al afrontar el exilio se vieron forzados, por diferentes razones, a renunciar a la nacionalidad española y aceptar la del país receptor. La mayor parte de estos posibles nuevos canarios se concentran en Venezuela, donde oficialmente, según el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA), hay en la actualidad cerca de 43.000 de los 66.985 isleños censados en el extranjero. Otros países serían a mucha distancia Cuba (9.566) y Argentina (2.390).
José Luis Perestelo aclaró que la opción de obtener la nacionalidad "no implica que todas esas personas vayan necesariamente a venir a Canarias, porque entre otras cosas, también podrían acudir a cualquier otro punto del país". "Habrá muchos que hagan el trámite por cuestiones sentimentales o para beneficiarse de los beneficios para los emigrantes, pero se quedarán porque sus vidas están enraizadas", precisó.
La puerta, que se abrirá desde el 29 de diciembre próximo y durante dos años, extensible si así lo decidiera el Consejo de Ministros, aboca a la posición de las administraciones canarias a una suerte de contradicción. El propio Perestelo admite que por un lado "es una demanda justa y muy positiva que llevan pidiendo hace muchos años los colectivos de emigrantes", pero que por otro "habrá que pedir al Estado que potencie las relaciones bilaterales para que la mayoría de esas personas puedan permanecer en los países receptores con sus familias".
El diputado recordó las altas tasas de desempleo, la situación de crisis y, sobre todo, los límites territoriales para la acogida en las Islas, un debate que han enarbolado los nacionalistas, sobre todo desde que se confirmó el año pasado que Canarias ha superado los dos millones de residentes, y que ha encontrado una respuesta crítica por parte de organizaciones sociales y académicas.
La disposición nació para amparar a los exiliados españoles a consecuencia de la Guerra Civil y la represión franquista -por eso está incluida en la Ley de la Memoria Histórica-, pero se ha extendido a otros escenarios.
Tanto Perestelo como la portavoz de CC en el Congreso de los Diputados, Ana Oramas, han querido subrayar que "Canarias ha trabajado mucho para tender puentes con sus comunidades en el exterior y para que reciban ayudas de todo tipo", si bien han exigido "una reacción adecuada del Estado", quien tiene todas las competencias.
Fuente: laprovincia.es
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