El pacto entre el Partido Popular (PP) y Coalición Canaria (CC) sigue avanzando. En su segunda reunión negociadora se han llegado a varios acuerdos en materia de control de la inmigración irregular pero, a propuesta del PP, han pospuesto el debate sobre el control de la población que proponen los nacionalistas para que “nos lo expliquen mejor”.
ACN[Jueves, 21 de junio de 2007] [16.17]
Así se expresó el portavoz de la comisión ‘popular', Larry Álvarez, que junto a su homólogo en CC, José Miguel Barragán, coincidieron en la visión de que el pacto “avanza”, así como desmentir cualquier acuerdo o siquiera debate en torno a reparto de áreas.
Mientras en el control de la población se han llegado a importantes acuerdos como la exigencia al Estado de ampliar de 40 a 70 los días que los inmigrantes irregulares permanecen en los centros de internamiento para “aumentar al máximo el número de repatriaciones”, o el control de los padrones municipales para evitar que los “inmigrantes ilegales puedan empadronarse en cualquier municipio canario”, en el control de población se ha preferido posponer el diálogo.
Álvarez explicó que en este sentido “hemos sostenido tradicionalmente posturas diferentes”, por lo que “nos tienen que explicar muy bien ese control de la población que pretenden, cómo los van a materializar y si se ampara en la normativa constitucional vigente”. No obstante matizó que “no es una traba que nos impida llegar a un acuerdo” y augura que la próxima semana se limarán las supuestas asperezas al respecto.
Inmigración
Entre los acuerdos suscritos en cuanto al control de la inmigración, tiene especial importancia la voluntad de controlar el padrón municipal, ya que, como apuntó Álvarez se constituyen en torno a él “ilegalidades con las que hay que luchar en toda regla”. Así, sostiene que “no puede ser una persona indocumentada obtenga el padrón en cualquier municipio de Canarias y tenemos que articular las formas para que eso no sea posible”.
Por su parte, Barragán, menos tajante, explicó que la voluntad de este acuerdo, no concluido aún, estriba en la necesidad de un diagnóstico sobre cómo está afectando la población irregular en la prestación de servicios, como por ejemplo en la planificación de nuevas infraestructuras sanitarias o educativas, ya que el movimiento de los inmigrantes indocumentados, dice, “es muy grande y no nos permite planificar las necesidades reales de los municipios”.
Barragán explicó que el hecho de empadronarse, aunque de forma ilegal, “da garantía automática de prestar determinados servicios” y que la voluntad del Gobierno es aumentar la calidad de la prestación de estos servicios. Así, cabe esperar que este control suponga descongestionar los servicios sociales negando el acceso a los mismos de los inmigrantes indocumentados.
Otros acuerdos en esta materia tratan sobre la voluntad común de exigir al Estado que “evite repatriaciones masivas”, que el acogimiento de menores inmigrantes no acompañados no recaiga sólo en Canarias sino que “solidariamente” sea compartida por el resto de Comunidades Autónomas, o que se implante el SIVE en todas las Islas.
Otros asuntos
Otros asuntos a los que se ha llegado han tenido que ver con lo que llaman el ‘bloque constitucional', esto es, la voluntad conjunta de facilitar el acceso del ciudadano a la Administración ‘desburocratizando' la misma. También han acordado fijar un Código de Buen Gobierno, una nueva Ley de Cabildos que trate a los mismos como “verdaderos gobiernos insulares” como solicitaba el PP o facilitar el acceso al cuerpo funcionarial de la Administración de Justicia.
Fuente: diariodelanzarote.com
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