No hay excepciones para los uruguayos en España
Unos 5.000 uruguayos se presentaron a una repesca de papeles, acordada por los gobiernos de Uruguay y España, pero solo 300 se legalizaron "porque cumplían con la Ley de Extranjería, pero no por alguna excepción", dijo a Observa Daniel Caserta, de Casa Uruguay de Madrid
La situación legal de miles de uruguayos que viven en España permanece incambiada. Mientras que la mayoría sigue buscando alternativas en forma indiviudal, con la esperanza de que la Justicia falle a favor de sobre el tratado de 1870 -que equipara a los compatriotas con los ciudadanos españoles-, solo 300 de los 5.000 que se presentaron a una repesca de la regularización de 2004 acordada para uruguayos lograron obtener los deseados papeles, pero no por alguna excepción, sino porque cumplían los requisitos de la ley, dijo a Observa Daniel Caserta, de Casa Uruguay de Madrid, una de las asociacones de uruguayos en la península Ibérica.
Casi tres años atrás, el gobierno Español puso en funciones una nueva Ley de Extranjería, que entre otras cosas, establecía un proceso de regularización extraordinaria que finalizaba el 7 de mayo de 2005. El mismo establecía que las personas que habían ingresado al territorio español antes del 8 de agosto de 2004 y contaban con una oferta laboral estaban en condiciones de obtener un permiso de trabajo y residencia.
Entre los casi dos millones de inmigrantes que se presentaron al proceso, hubieron 10.626 uruguayos, de los cuales 9.148 lograron normalizar su situación, según datos del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales de España (MTAS). Pero aparte de esos 1.478 que fueron rechazados, se calcula que alrededor de 15.000 compatriotas -datos que barajan las asociaciones de uruguayos en España en base a informaciones consulares- quedaron fuera del proceso por no cumplir con alguno de los requisitos que establecía la ley de Extranjería. Otras cifras señalan que los uruguayos ilegales serían 40.000, frente a los 23.000 que cuentan con su permiso de residencia y trabajo.
Un dato trascendente es que el proceso de normalización se dilato mucho, pues a algunas personas le llegaba la notificación hasta con 10 meses de demora. En tanto, algunos rechazos no se produjeron debido a que el trabajador no cumpliera con los requisitos, sino por problemas de la empresa. Por ejemplo si la compañía debía más de dos meses de Seguridad Social (el BPS en España), eso ya podía ser un motivo para no aprobar el expediente.
Ante ese tipo de situaciones, sumada a la de los miles de uruguayos que quedaron afuera, fue que las asociaciones de uruguayos en la madre patria realizaron gestiones antes la embajada de Uruguay, que tras algunas tratativas con el gobierno español, derivaron en una especie de segunda oportunidad para regularizarse. El MTAS solicitó que se volvieran a presentar nuevos expedientes.
"La medida no convenció a las agrupaciones como Casa Uruguay o la Asociación de Uruguayos en Catalunya", afirmó Daniel Caserta, por lo que la desestimaron y no convocaron a sus miembros a presentarlas. Además, muchos compatriotas tampoco lo hicieron por temor a que sus nombres quedaran "en listas negras", que ante un nuevo rechazo podrían usar los datos para producir deportaciones.
Caserta anotó que "de 5.000 formularios que se presentaron hace ocho meses atrás, solo se aceptaron 300, según nos notificó el gobierno Español hace unas dos semanas". El integrante de Casa Madrid explicó que en realidad "no hubo ningún tipo de excepción", pues los que lograron regularizarse "estaban amparados por la ley en cada una de su situaciones". En ese sentido, explicó que "algunos podían regularizarse por arraigo, otros por presentar una oferta de trabajo y o tener algún familiar legalizado".
Por otra parte, Caserta señaló que están a la espera la resolución sobre la apelación de un fallo del Tribunal Supremo de la Comunidad Valenciana, que quitaba la validez al famoso tratado de amistad de 1870, que equipara los derechos de ciudadanos uruguayos con los de los españoles. El problema de esa decisión judicial es que "sentó jurisprudencia", por lo que puede usarse en toda España. Hasta ahora muchos compatriotas hicieron valer el tratado al llegar a instancias judiciales.
"Acá lo que falta es una decisión política", sentenció Caserta, quien está convencido de que "tanto el gobierno uruguayo como el de España pueden hacer más". "Es cuestión de que Vázquez llame a Zapatero y acuerden algo". Consultado a cerca de los esfuerzo de las autoridades uruguaya en Madrid, señaló que "hacen lo que pueden". Además, informó que a principios del mes que viene se va la actual cónsul. "El problema es que todavía no tiene reemplazo. Como están las cosas, que ya están desboradas, no me quiero imaginar si falta una persona", previó Caserta.
Fuente: observa.com.uy
Casi tres años atrás, el gobierno Español puso en funciones una nueva Ley de Extranjería, que entre otras cosas, establecía un proceso de regularización extraordinaria que finalizaba el 7 de mayo de 2005. El mismo establecía que las personas que habían ingresado al territorio español antes del 8 de agosto de 2004 y contaban con una oferta laboral estaban en condiciones de obtener un permiso de trabajo y residencia.
Entre los casi dos millones de inmigrantes que se presentaron al proceso, hubieron 10.626 uruguayos, de los cuales 9.148 lograron normalizar su situación, según datos del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales de España (MTAS). Pero aparte de esos 1.478 que fueron rechazados, se calcula que alrededor de 15.000 compatriotas -datos que barajan las asociaciones de uruguayos en España en base a informaciones consulares- quedaron fuera del proceso por no cumplir con alguno de los requisitos que establecía la ley de Extranjería. Otras cifras señalan que los uruguayos ilegales serían 40.000, frente a los 23.000 que cuentan con su permiso de residencia y trabajo.
Un dato trascendente es que el proceso de normalización se dilato mucho, pues a algunas personas le llegaba la notificación hasta con 10 meses de demora. En tanto, algunos rechazos no se produjeron debido a que el trabajador no cumpliera con los requisitos, sino por problemas de la empresa. Por ejemplo si la compañía debía más de dos meses de Seguridad Social (el BPS en España), eso ya podía ser un motivo para no aprobar el expediente.
Ante ese tipo de situaciones, sumada a la de los miles de uruguayos que quedaron afuera, fue que las asociaciones de uruguayos en la madre patria realizaron gestiones antes la embajada de Uruguay, que tras algunas tratativas con el gobierno español, derivaron en una especie de segunda oportunidad para regularizarse. El MTAS solicitó que se volvieran a presentar nuevos expedientes.
"La medida no convenció a las agrupaciones como Casa Uruguay o la Asociación de Uruguayos en Catalunya", afirmó Daniel Caserta, por lo que la desestimaron y no convocaron a sus miembros a presentarlas. Además, muchos compatriotas tampoco lo hicieron por temor a que sus nombres quedaran "en listas negras", que ante un nuevo rechazo podrían usar los datos para producir deportaciones.
Caserta anotó que "de 5.000 formularios que se presentaron hace ocho meses atrás, solo se aceptaron 300, según nos notificó el gobierno Español hace unas dos semanas". El integrante de Casa Madrid explicó que en realidad "no hubo ningún tipo de excepción", pues los que lograron regularizarse "estaban amparados por la ley en cada una de su situaciones". En ese sentido, explicó que "algunos podían regularizarse por arraigo, otros por presentar una oferta de trabajo y o tener algún familiar legalizado".
Por otra parte, Caserta señaló que están a la espera la resolución sobre la apelación de un fallo del Tribunal Supremo de la Comunidad Valenciana, que quitaba la validez al famoso tratado de amistad de 1870, que equipara los derechos de ciudadanos uruguayos con los de los españoles. El problema de esa decisión judicial es que "sentó jurisprudencia", por lo que puede usarse en toda España. Hasta ahora muchos compatriotas hicieron valer el tratado al llegar a instancias judiciales.
"Acá lo que falta es una decisión política", sentenció Caserta, quien está convencido de que "tanto el gobierno uruguayo como el de España pueden hacer más". "Es cuestión de que Vázquez llame a Zapatero y acuerden algo". Consultado a cerca de los esfuerzo de las autoridades uruguaya en Madrid, señaló que "hacen lo que pueden". Además, informó que a principios del mes que viene se va la actual cónsul. "El problema es que todavía no tiene reemplazo. Como están las cosas, que ya están desboradas, no me quiero imaginar si falta una persona", previó Caserta.
Fuente: observa.com.uy
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