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EL GOBIERNO ESPAÑOL ES PARTIDARIO DE PROMOVER "ACUERDOS BILATERALES" EN MATERIA MIGRATORIA

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España impulsará un tratamiento "realista y práctico" de la migración


Madrid - España impulsará un tratamiento "realista, práctico e integral" de la migración durante la Cumbre Iberoamericana de Montevideo, en la que estará representada por el rey Juan Carlos y por el presidente del gobierno, que se reunirá con los presidentes de Uruguay, Costa Rica, Chile, Perú y Brasil.
Así lo adelantaron el lunes en Madrid fuentes gubernamentales y diplomáticas, que aunque indicaron que esas cinco reuniones son las que "ya están cerradas", sin descartar otros encuentros bilaterales del jefe del gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, que incluya, por ejemplo, a los presidentes de Venezuela, Hugo Chávez, y de Bolivia, Evo Morales.
"Es posible que todos se vean con todos", insistieron las mismas fuentes, que hicieron hincapié en la afinidad de valores, de cultura y de lengua que une a los casi 600 millones de habitantes del espacio iberoamericano, es decir, América Latina, España y Portugal, que representan el 10% de la población mundial y el 8% del Producto Interior Bruto (PIB) mundial.
Durante su estancia en Montevideo, Zapatero y el Rey se reunirán con Kofi Annan, a pocas semanas de concluir su mandato al frente de la secretaría general de la ONU.
Al margen de las tres sesiones de trabajo de esta XVI Cumbre Iberoamericana que se celebrará bajo el lema "Migración y desarrollo", Zapatero, que llegará el viernes por la mañana a la capital uruguaya, se reunirá con Tabaré Vázquez, Oscar Arias, Michelle Bachelet, Alan García y Luiz Inacio Lula da Silva.
España, donde en los últimos 10 años se ha cuadruplicado la cifra de inmigrantes (de los 3,7 millones de extranjeros, más de un millón son latinoamericanos) y que en 2005 efectuó un proceso extraordinario que permitió regularizar a casi 600.000 trabajadores inmigrantes ilegales, aspira a que el fenómeno migratorio sea abordado a partir de la Cumbre Iberoamericana desde un "enfoque realista, práctico e integral".
"Lo que se acuerde en Montevideo (...) es un punto de partida" para abordar la inmigración, estimaron fuentes diplomáticas.
El "Compromiso de Montevideo", una declaración específica de los países asistentes sobre las migraciones, se referirá a la lucha contra la inmigración ilegal y a la trata de seres humanos.
Citará medidas para seguir abaratando las remesas, indicaron las fuentes, sin precisar ninguna decisión puntual sobre esos envíos que en 2005 significaron la llegada a América Latina de 54.000 millones de dólares desde diversas partes del mundo.
El gobierno español es partidario de promover "acuerdos bilaterales" en materia migratoria para facilitar una "gestión ordenada de los flujos migratorios" y es favorable a vincular "migración y desarrollo", insistieron fuentes de La Moncloa.
El rey Juan Carlos --que viajará acompañado por la reina Sofía-- y José Luis Rodríguez Zapatero asistirán el viernes al tradicional almuerzo que en el marco de estas cumbres celebran con el presidente de México y que esta vez será la última con el conservador Vicente Fox.
Al día siguiente, también como es tradicional, celebrarán un desayuno de trabajo con los mandatarios centroamericanos, aunque esta vez faltarán dos de ellos a la cita, el de Nicaragua por sus elecciones presidenciales y el de Guatemala.
La creación de un "Erasmus universitario" (programa de becas e intercambio universitario); un proyecto de cooperación para facilitar el acceso al agua potable (de la que carecen 70 millones de personas en la región); un programa para fomentar alianzas con PyMES latinoamericanas y el desarrollo de indicadores de los pueblos indígenas y afrodescendientes para conocer sus necesidades serán las cuatro propuestas concretas que España planteará a sus pares iberoamericanos, precisaron las mismas fuentes.
El gobierno español seguirá impulsando el canje de deuda por educación, que ya firmó con siete países de la región (Ecuador, Honduras, Nicaragua, El Salvador, Guatemala, Bolivia y Perú) por un total de 219 millones de dólares, y que "funciona adecuadamente", indicaron las fuentes de La Moncloa.