URUGUAYOS EN LANZAROTE

“El Gobierno debe contratar en España asistencia jurídica de primer nivel,
para defender el interés de nuestros compatriotas”

Jaime Trobo, ante el parlamento de Uruguay.

Días pasados el Supremo Tribunal de Justicia de España dictó una sentencia cuyo contenido contraría la pretensión del Uruguay en el sentido de la vigencia de los términos del Tratado de 1870 entre Uruguay y España, en los aspectos relativos a la inmigración.
El dictamen recayó sobre un expediente que envió el estado Español en el marco de un denominado “recurso de casación en interés de la ley”, que procura que una sentencia favorable a su opinión sirva como jurisprudencia para los múltiples casos de reclamos de compatriotas uruguayos que han recurrido a la justicia española, y han logrado que les sea reconocido un tratamiento acorde al Tratado mencionado.
Sin perjuicio de la contrariedad que supone la sentencia mencionada, si bien el asunto esta relacionado con el reclamo personal de un compatriota el Sr. Andrés Leonardo De León Silveira, quien ha incurrido en tramites y gastos judiciales para encontrar una respuesta adecuada a sus pretensiones, el resultado de sus acciones tiene evidente relevancia para las pretensiones de Uruguay.
Desde hace varios meses se conoce por parte de las autoridades de nuestro país que, además de otros asuntos análogos que se ventilan en distintos Tribunales españoles, este asunto la Abogacía del Estado Español, con inocultable indicación de las autoridades políticas, ingresaba al Tribunal Supremo de Justicia con la pretensión de que sobre el mismo recayera una sentencia que pudiera sustentar la caprichosa interpretación que concluye en que Uruguay ha perdido el derecho a reclamar el trato concedido en el Tratado de 1870 para sus nacionales en España.
En conocimiento de esta situación, que ha hecho el Ministerio de Relaciones de nuestro País; que análisis jurídico hizo o encargó hacer para dar apoyo a la tesis uruguaya sobre la vigencia del Tratado?, intentó dar respaldo a nuestro compatriota para fortalecer y respaldar con alegatos el reclamo original respondido favorablemente en instancias anteriores, que notoriamente la Abogacía del Estado llevaba al Supremo para intentar una sentencia favorable a la tesis del Gobierno?
Según las informaciones que contamos, no dio ningún paso en ese sentido, absolutamente ninguno y desde ya creemos que dicha actitud puede calificarse al menos de temeraria a saber por la importancia de lo que estaba en juego, no sólo el interés de un compatriota sino el de nuestro País y el propósito que persigue del reconocimiento de la vigencia del Tratado.
Que hará el Gobierno, a través del Ministerio de relaciones Exteriores ahora. A nuestro juicio deberá hacer lo que no hizo; primero darle a este tema la prioridad que tiene dentro de los asuntos de intereses de Uruguay en el exterior, evaluar las acciones a seguir en el plano jurídico y en el plano político y decidir una estrategia que no este condicionada a la publicidad del tema sino que sea una práctica, resolverse a invertir recursos para contar con asistencia jurídica de primer nivel para respaldar a nuestros compatriotas.
En el asunto mencionado del compatriota De León Silveira aún se puede hacer mucho para respaldarlo, por lo pronto según la opinión de reconocidos especialistas tanto uruguayos como españoles es posible presentar un Recurso de Amparo ante el Tribunal Constitucional Español. Hay antecedentes y jurisprudencia al respecto, y a saber por la opinión que les ha merecido a esos especialistas el contenido de la sentencia del Tribunal Supremo, la opinión del Constitucional si tiene un buen respaldo puede tener otro sentido.
Así como es evidente el perjuicio que la opinión negativa del Tribunal Supremo tiene para Uruguay, proceso frente al cual las autoridades uruguayas no hicieron el mínimo esfuerzo, es notorio que debe hacerse todo o posible para que con el apoyo jurídico del mejor nivel posible correspondiente este compatriota solicite el Recurso de Amparo. Si el Gobierno no esta dispuesto a “invertir” en la mejor asistencia jurídica para defender sus intereses y los de sus compatriotas, que podremos esperar del resultado final de este proceso.
Si se entendió que en La Haya debían invertirse los recursos que fuera necesario, de la misma manera en Madrid, para la defensa de los intereses de nuestros compatriotas no debe escatimarse ningún esfuerzo, ni político, ni jurídico ni económico.
Que estas palabras pasen a la Presidencia de la República, Ministerio de Relaciones Exteriores, a las Comisiones de Asuntos Internacionales de la Cámara de Senadores y de la Cámara de Representantes, a las Asociaciones de compatriotas Uruguayos residentes en España, al Departamento 20 del Ministerio de Relaciones Exteriores, a la Embajada de Uruguay en España, a los Consulados Generales y de Distrito de Uruguay en España.